El socio de Araya & Cía. y abogado experto en Recursos Naturales, Sebastián Leiva, fue invitado al programa El Agro de Radio Agricultura para hablar de la Ley 21.064, que aumenta significativamente las sanciones por incumplimiento al Código de Aguas, y que fortalece el rol de la DGA a la hora de fiscalizar en uso irregular del recurso hídrico.

“Anteriormente podía tener un pozo ilegal sin derecho de aprovechamiento de aguas y las multas no pasaban de 800 mil pesos, aplicada por un tribunal. Por lo tanto, lo que se busca realmente es revivir el Código de Aguas estableciendo sanciones que de verdad persuadan a las personas a cumplir la norma”, señaló Leiva en relación a esta Ley que entró en vigencia en enero pasado.

Algunos extractos de la entrevista hecha por los periodistas Francisco Contardo y Verónica Díaz, a continuación.

Origen de la Ley 21.064 y diferenciación con la Reforma al Código de Aguas que discute la naturaleza de los derechos de aprovechamiento de aguas: 

Es un proyecto que pasó un poco desapercibido desde el punto de vista de la contingencia, pero que es absolutamente distinto al que tiene que ver con la naturaleza de los derechos de agua, y que es absolutamente polémico. Este proyecto en cambio parte del primer gobierno del Presidente (Sebastián) Piñera, que fue avanzando lentamente en el Congreso y que no tuvo mayor oposición, porque aunaba criterios en las distintas bancadas parlamentarias.

Son dos proyectos que tratan materias distintas y el aprobado en enero no tiene nada que ver con la naturaleza de la propiedad de las aguas. Así, lo que busca es, primero, aumentar las facultades de la Dirección General de Aguas para fiscalizar a los titulares de derechos de aprovechamiento de aguas, y aumentar la severidad de las sanciones por las infracciones al Código de Aguas. No discurre sobre la base si los derechos se van a extinguir, si la DGA va o no a caducar derechos, si el Estado se vuelve un ente omnímodo frente al titular del derecho de agua.

Hasta qué punto una fiscalización adecuada y un aumento en las sanciones, hacen que ya no sean necesarias las modificaciones polémicas al Código de Aguas. 

Coincido con ese criterio, claramente. Sin embargo, en entrevistas a los ministros (Antonio) Walker y (Juan Andrés) Fontaine, han dicho que no meterán al cajón este proyecto, sino que harán ajustes, recortes, que tratarán de mejorar el que está en el Congreso y en tramitación en el Senado. No obstante, nada tiene que ver con el proyecto que entró a regir el 27 de enero. Ahora, va en la línea de quienes creemos que la mayor eficiencia en el uso de los recursos y el cumplimiento va en darle mayores facultades a la Dirección General de Aguas, y en aumentar las sanciones para que sean absolutamente persuasivas.

Entrega de información

Básicamente diría que se establece una mayor severidad económica en las sanciones. Sin embargo, este proyecto aprobado también va en la línea que los titulares de aprovechamiento de aguas comiencen a entregar información respecto al comportamiento de sus pozos y de las extracciones de cauces naturales. Si no se entrega dicha información de forma oportuna ni veraz, se aplicará una sanción. Y si no estableces los controles de extracción, tanto en cauces naturales como en aguas subterráneas, también se aplicará una multa. Ahora, obligatoriamente se tendrá que entregar información, y es más, va a tener que utilizarse en algunos casos la telemetría. Es decir, la información deberá entregarse de manera online a la DGA. Va a dictarse un reglamento, luego una resolución para poder de alguna manera implementar esta recepción de la información. La línea va en saber concretamente cuánta agua se está extrayendo, si se está haciendo de más o de menos, y saber el comportamiento de los acuíferos.

Dureza de las sanciones 

Desde el punto de vista de no entregar información oportuna y veraz, las multas pueden ir de 10 a 50 UTM. Si no instalas los sistemas de control de extracción, las multas suben de 51 a 100 UTM. Hay otras que son más duras y se refieren a aquellos casos que de manera reiterada no se cumple con la entrega de información, o no se establece un sistema, que van desde las 101 hasta las 500 UTM. Luego, están las sanciones a todos aquellos que realizan obras sin la autorización de la DGA, como la modificación de cauces, tener pozos irregulares sin derecho de aprovechamiento de aguas, con multas que van desde las 501 UTM hasta 1000 UTM. Asimismo, las infracciones más altas que ya son de quinto grado, se refieren concretamente a aquellas personas que de manera dolosa o de mala fe generan doble inscripción de aguas, que es un problema tremendo en nuestro país. Allí, las multas van de 1001 a 2000 UTM.

Esto último, de alguna manera, es la base por la que algunos sostienen que el Estado debe intervenir y los derechos tienen que ser caducados por la DGA, porque hoy en día hay situaciones donde sin lugar a dudas se generan dobles inscripciones para un mismo derecho.

Objetivo del aumento de las multas

Anteriormente podía tener un pozo ilegal sin derecho de aprovechamiento de aguas y las multas no pasaban de 800 mil pesos. Por lo tanto, lo que se busca realmente es revivir el Código de Aguas estableciendo sanciones que de verdad persuadan a las personas a cumplir la norma. Hoy, si no tengo un derecho de agua asociado a un pozo y lo utilizo, tengo sanciones que podrán llegar hasta las 1000 UTM, con recargo si estoy en una zona de prohibición o de restricción, y si además ha afectado el consumo humano de las aguas. Ahora realmente saldrá carísimo incumplir el derecho de aprovechamiento de aguas. El objetivo y el espíritu es que se cumplan efectivamente las normas del Código de Aguas.

Sobre los desafíos que implica la nueva norma a los usuarios

El espíritu del proyecto aprobado establece que, respecto a los titulares de derechos de aguas subterráneas, sí se establecerá una obligación de entregar esta información. Respecto a los cauces naturales, solo aquellas extracciones que directamente sacan de los cauces. La gran mayoría de los regantes en Chile toma agua de bocatomas de canal, por lo tanto esa obligación a mi juicio debiese ser de la organización de usuarios propiamente tal, y no del titular de una acción de tal o cual canal.

Sobre si la DGA tiene los recursos para fiscalizar y hacer cumplir esta nueva ley

No quiero plantear a los auditores que esto será letra muerta, pero es efectivo el planteamiento. Hoy en día, la Dirección General de Aguas a través de este proyecto no se le otorga mayores recursos para efectos de aumentar la dotación de fiscalizadores.