Parece claro que la solución a la escasez hídrica requiere de un conjunto de medidas que promuevan el uso racional del recurso, lo que implica incentivar su reutilización y prohibir el uso de agua potable para determinadas actividades cuando existe disponibilidad de agua tratada.

La crisis hídrica que afecta a gran parte de la zona norte y centro del país ya no es un fenómeno aislado, sino más bien la normalidad.

Desde hace décadas, Chile enfrenta una grave restricción de los recursos hídricos, que amenaza la disponibilidad de agua para el consumo humano y las actividades productivas.

Respecto de las causas de la emergencia hídrica, existen variadas explicaciones: fenómenos metereológicos, sobreexplotación de las cuencas, falta de inversión en obras para mejorar el aprovechamiento de los recursos hídricos, deficiente planificación y una total ausencia de una política pública integral que supere la fragmentación y dispersión de la institucional y normativa. Probablemente la crisis se deba a la suma de dichos factores.

A fin de enfrentar la emergencia, el Estado declara la escasez hídrica en las provincias más afectadas, nuevamente anuncia millonarias inversiones en embalses y destina cuantiosos recursos para el abastecimiento con camiones aljibe.

Desde el sector privado se proponen inversiones cuantiosas como la carretera hídrica, que proyecta transportar aguas desde las cuencas del sur de Chile al norte del país, iniciativas que por su magnitud requieren una evaluación comunitaria, ambiental y científica que las avale, además de total claridad respecto de su financiamiento (concesión pública con o sin subsidio del Estado), viabilidad financiera (evaluación de la demanda y la disponibilidad al pago de los interesados) y titularidad sobre los derechos sobre las aguas que se pretenden trasvasar.

La actual emergencia deja en evidencia la falta de una política pública de largo plazo que se haga cargo no solo de tratar de gestionar la coyuntura y de promover inversiones puntuales, sino de realizar reformas institucionales sobre el uso de los recursos hídricos que incorporen nuevos criterios jurídicos, sociales y ambientales, que se hagan cargo de la evidencia científica, climática y cotidiana que da cuenta de la insuficiencia de recursos hídricos, su uso inadecuado, poco racional y una distribución injusta.

La magnitud de la crisis demanda propuestas radicales, urgentes, audaces y con alta legitimidad social y política.

Existen experiencias en el extranjero que han enfrentado el problema de la sequía, como la de California, donde la legislación, por ejemplo, ha promovido la reutilización de las aguas. Incluso prohíbe el uso de agua potable para el riego de jardines, parques, áreas verdes, campos deportivos o usos industriales, cuando existe disponibilidad de aguas recicladas.

El Gobierno puede plasmar su preocupación ambiental y real interés por abordar la problemática de la escasez hídrica usando instrumentos existentes, como la reutilización de las aguas grises (aquellas que no contienen heces) y de las aguas servidas tratadas.

Respecto a las primeras, el Parlamento hizo lo propio, impulsó y aprobó la Ley N°21.075, publicada el 15 de febrero de 2018, que regula la Recolección, Reutilización y Disposición de Aguas Grises, y está discutiendo el proyecto de ley de iniciativa parlamentaria para fomentar la reutilización de las aguas servidas tratadas.

La Ley de Aguas Grises puede marcar el inicio de una política pública que promueva el uso racional de las aguas e incentivar la reutilización de las de origen domiciliario, ya sea en soluciones domiciliarias o a través la creación de sistemas de recolección, tratamiento y reutilización de aguas grises para fines de interés público, como riego de áreas verdes, recarga de acuíferos, reforestación y agricultura, entre otros.

Se estima que la reutilización de las aguas grises podría significar un ahorro de un 25% del consumo de agua potable de una vivienda, lo que genera un beneficio para el cliente en su cuenta de consumo también y a futuro disminuirá la demanda sobre las fuentes destinadas a la producción de agua potable, cada vez más estresadas.

Con este escenario de crisis resulta inexcusable que, a más de un año y medio de su publicación, no se haya dictado el reglamento que permite la implementación de la Ley de Aguas Grises, ni aprobado la modificación a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción que ordena la ley, para establecer las edificaciones que deberán contar con sistemas de reutilización de aguas grises.

La reglamentación de la norma debe estimular la reutilización de las aguas grises, favorecer la aplicación de la ley y no generar trabas o limitaciones que no están contenidas en el texto legal, como pudiera ser si se intenta limitar el alcance del concepto de aguas grises, excluyendo de ellas a aquellas provenientes de lavadoras y lavaplatos, en circunstancias que la definición legal no lo hace y que se dispone de las tecnologías adecuadas para su tratamiento; limitar la reutilización del agua reciclada al inmueble en que se genere, o excluir de la aplicación de la Ley de Aguas Grises a las construcciones destinadas a vivienda.

Parece claro que la solución a la escasez hídrica requiere de un conjunto de medidas promuevan el uso racional del recurso, lo que implica incentivar su reutilización y prohibir el uso de agua potable para determinadas actividades cuando existe disponibilidad de agua tratada.

Dichas acciones serían una señal de que la emergencia se asume como cambio radical, hacia una política pública que dé cuenta de que el agua es un bien público escaso.

El acceso al agua potable es un derecho humano fundamental y la creciente escasez exige priorizar su uso para el consumo de las comunidades, y que el agua que no has de beber y es reciclada, se deba reutilizar.